A CONTRAMANO: CONSUMISMO COMO SALVACIÓN ECONÓMICA?

    Los recientes anuncios públicos dejan en claro que el Consumo es una de las grandes preocupaciones del Gobierno nacional. Las facilidades para la compra de automóviles a tasa subsidiada y el plan de 12 cuotas sin interés en muchos comercios son medidas que buscan reactivar los niveles de compra que presentaron una retracción sostenida en los últimos meses.
 ¿Cómo podríamos interpretar esta retracción? ¿Será debido a que la gente tiene cada vez menos ingresos reales o se trataría de una reacción de prudencia ante la incertidumbre económica? Al Gobierno pareció agradarle más la primera opción y apostó a ofrecer líneas de crédito muy atractivas para revertir la situación.  El modelo consumista (de fomentar el consumo en enormes niveles) es el modelo por excelencia en Estados Unidos y que nuestro país hoy adoptó como caballo de batalla, un modelo altamente castigado y criticado tanto por motivos sociales, políticos y por sobre todo medioambientales. Mientras el mundo se plantea la manera de escapar de este modelo dañino, nuestro país toma el camino contrario fomentando su permanencia. Las razones son claras, el consumismo es un motor rápido y efectivo para reactivar la economía, y genera un estado de bienestar pasajero en la sociedad, efectos que podrían beneficiar a un Gobierno que ve con preocupación las próximas elecciones nacionales.

¿Cómo quedan las finanzas familiares?

Para explicarlo en términos simples, existe un clásico circuito por el cual el dinero circula a través de las familias, las empresas y el Estado: las familias al comprar bienes entregan su dinero a las empresas, las cuales luego lo distribuyen en el pago de recursos físicos y humanos y de tributos; así el dinero regresa al grupo de familiar en concepto de salario, renta o ganancias. Tal como lo explico parece verse claro y sin complicaciones, sin embargo nos estamos olvidando de algo muy delicado: los enormes desequilibrios financieros que podrían pasar las familias al comprar más de lo que estarían en condiciones de pagar. Este es justamente el problema que está creciendo cada vez más en nuestro país, cuyos niveles de endeudamiento familiar han llegado a valores muy preocupantes estos últimos años. Al parecer este aspecto no preocupa al Gobierno que sólo necesita que el ciudadano siga consumiendo sin importar como lo pague, una posición para nada ética. Entendemos todos que las familias deban consumir para la satisfacción de sus necesidades, pero el consumo tiene un límite el cual es fijado por su capacidad económica. Las personas deben realizar un consumo responsable, correspondiente a su nivel de ingresos, a sus posibilidades, cuidando el equilibrio financiero familiar. Un Estado que fomente un consumo a toda costa, es un Estado inmoral, un Estado que no protege al ciudadano. Se espera de él que esté detrás de acciones que promuevan nuevas fuentes de ingresos y nuevos espacios para la inversión, y no detrás de campañas que ofrezcan financiamiento accesible para bienes de consumo de todo tipo. Pero lo que más preocupa es que al fomentar el consumo sin límites, el sector sin ninguna educación financiera es el sector mas vulnerable e indefenso que cae en la trampa de endeudarse con el sueño de acceder a bienes que no son esenciales y que perjudican su situación. La economía se intenta reactivar a costa de un sector pobre e ignorante. El sector más alto no verá modificado su nivel de consumo con propuestas de financiamiento puesto que cuentan con una enorme solidez económica y mayor conocimiento financiero. Es la clase media y baja la que mayor perjuicio recibe con medidas de ésta índole.

Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre la causa que provocó la merma en el consumo: ¿que pasaría si se tratase de una actitud de prudencia económica? ¿No deberían tomarse medidas que propicien la confianza? Este camino es claramente más arduo y requiere de mucha seriedad y coherencia en las decisiones políticas. Los efectos son lentos y se ven a largo plazo.  Un escenario de estabilidad legal, financiera y fiscal otorgaría mayor previsibilidad al mercado y bajo dichas condiciones las inversiones serían posibles. Pero en este aspecto el Gobierno también va a contramano. La reciente reforma en la ley de Abastecimiento que otorga mega potestades al Estado de inmiscuirse  a su antojo en cuestiones de nivel de producción, precios y administración de cualquier  empresa no ha hecho más que aterrar al sector privado, que ya está pensando en recurrir a la Justicia para proteger su capital. Bajo sus propios intereses (que no necesariamente serían las del pueblo) el Gobierno ahora podría ordenar la intervención de cualquier empresa y tomar decisiones cruciales en la vida de cualquier compañía en pos del bienestar común.¿Quién podría invertir si ni siquiera sabe si podrá disponer sobre su capital, si las reglas de juego cambian a cada rato? ¿Quién podría distenderse en el consumo con tanta inestabilidad? 

Un gobierno debe pensar en reformas que produzcan efectos duraderos, firmes y a largo plazo. Claramente las elecciones presidenciales del año entrante tienen mucho que ver con las políticas que produzcan efectos explosivos a muy corto plazo.




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